El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha denunciado hoy que el proyecto del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias ha consumido ya más de 164.000 euros de dinero público en conceptos exclusivamente ligados a propaganda, campañas de imagen, eventos institucionales e incluso pagos a influencers, a pesar de que el proceso se encuentra ahora mismo en riesgo de paralización tras presentar un recurso uno de los estudios de arquitectura finalistas.
Entre los conceptos recogidos por la propia sociedad municipal GEURSA se encuentran pagos a medios de comunicación, empresas de publicidad, consultoras digitales, producción audiovisual y hasta creadores de contenido en redes sociales. Por ejemplo, se abonaron más de 16.000 euros por un anuncio en prensa escrita, cerca de 4.000 euros a una influencer para publicar “reels e historias”, 15.000 euros para contratos de azafatas y más de 10.000 euros por consultoría y gestión de la plataforma de participación ciudadana. También figuran facturas por la instalación de banderolas, roll-ups, vinilos, lonas, diseño de marca, merchandising promocional (bolsas, libretas y lápices) y servicios de limpieza y vigilancia para eventos y a pesar de ello solo participaron 1.481 personas en la votación, un “verdadero fracaso”, ha indicado Suárez.
“Hace justo un año, el 17 de junio de 2024, Carolina Darias presentaba este proyecto en Madrid junto a la ministra Isabel Rodríguez. 12 meses después, el resultado es un mar de dudas legales, críticas técnicas y un gasto desorbitado que no se traduce en mejoras reales para la ciudad”, ha lamentado Suárez.
Desde el primer momento, el modelo impuesto por Darias ha generado un profundo malestar entre vecinos, colectivos ciudadanos y expertos. “Hablamos de un concurso que excluyó cualquier participación real, que no contempla una verdadera renaturalización del barranco y que ignora el planeamiento vigente”, denunció el portavoz nacionalista. Según ha explicado, el concurso se lanzó sin tramitar el preceptivo Plan Especial para el cauce del Guiniguada, exigido tanto por el Plan General de Ordenación como por el PIOT de Gran Canaria, lo que compromete su legalidad y viabilidad futura.
En noviembre de 2024, más de 400 profesionales –entre arquitectos, paisajistas y académicos– solicitaron oficialmente la paralización del concurso a través del manifiesto “Descubrir el Guiniguada”, en el que advertían del carácter precipitado y artificial del proceso. “No solo no se atendió esa llamada de atención, sino que se intensificaron los esfuerzos propagandísticos para imponer una visión de ciudad desconectada de la realidad”, ha señalado Suárez.
A este cúmulo de críticas se suma ahora un recurso presentado por uno de los finalistas del concurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, que no solo cuestiona el procedimiento, sino también la propia composición del jurado. El recurso destaca que la presidenta del tribunal carece de formación en urbanismo o arquitectura, y que una de las pocas integrantes con solvencia técnica –la directora de la Bienal de Paisaje de Barcelona– abandonó el jurado antes del fallo definitivo, dejando en entredicho la legitimidad de la decisión.
Para Suárez, lo más escandaloso es que todo esto ha ido acompañado de un gasto público “completamente desmedido en propaganda”. Según documentación oficial de la propia GEURSA, la sociedad municipal que dirige el proceso, se han destinado más de 164.000 euros a partidas como anuncios en prensa, radio y televisión, campañas digitales, cuñas publicitarias, diseño de marca, contratación de azafatas, merchandising, producción audiovisual, seguridad, limpieza y publicidad en redes sociales.
“El Paseo Guiniguada está en peligro de convertirse en un monumento a la improvisación, al despilfarro y a la falta de respeto al interés general. Mientras otros barrios esperan inversiones básicas, aquí se han malgastado miles de euros en marketing institucional para un proyecto que puede quedar en nada”,ha concluido Suárez, quien ha exigido responsabilidades políticas y una auditoría completa del proceso.